Pesadilla compartida, sueños de unos pocos

Foto: www.clarin.com

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Hoy temprano se conocieron los resultados de la auditoria que la Auditoría General de la Nación realizó sobre Sueños Compartidos.

Un poco menos temprano vino Capitanich a contarnos que la AGN está conformada por opositores. Algo que demuestra por un lado, su ignorancia sobre la conformación del organismo cuyos auditores son, mayoritariamente, miembros del oficialismo y, por otro, su rechazo al concepto de que un organismo de control se encarga de controlar, no de hacer oposición.

El rol de la AGN es asesorar al Congreso Nacional, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, en su rol de control. Todos estos órganos están conformados por personas del oficialismo y de la oposición. Y, en este caso, la auditoria presentada fue acompañada por los siete miembros de la AGN. Aquí el link al documento con las firmas.

Les dejo, también, las principales observaciones que se realizaron a Sueños Compartidos.

pricipales observaciones AGN a Sueños compartidos.docx by ManuGarrido

(IR)resposabilidad del Estado. Mi discurso desde la banca

Foto: PlazadeMayo.com

Comparto con ustedes la versión taquigráfica de mi participación en la discusión sobre la Ley de Responsabilidad del Estado.

Creo que, una vez mas, la manera veloz con la que se está tratando este proyecto conspira contra la calidad del proyecto. Una ley sobre responsabilidad del Estado nos la debemos hace 100 años, no es posible que se trate en una semana y a las apuradas a contramano de jurisprudencia que hoy está vigente y con el claro fin de recortar derechos a los ciudadanos al limitar los casos en los que el Estado debe responder.

Además, no se consultó a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que de todas maneras se han manifestado en contra de algunos aspectos de la ley. Desde el CELS, por ejemplo, se manifestaron en contra de que en una Ley de Responsabilidad del Estado no se incluya la obligación del Estado de reparar cuestiones vinculadas a las violaciones de Derechos Humanos”.

Es tan burda la intención de recortar la responsabilidad del Estado que en esta ley faltan principios generales, no dice en qué casos se va a indemnizar, y cómo se responde ante los actos ilícitos del Estado, qué se va a reparar en casos de error judicial o en los casos de actividades confiadas a concesionarios.

Qué razón puede haber para restringir la posibilidad de adoptar medidas disuasorias de contenido patrimonial, las llamadas Astreintes. Se está quitando un recurso importantísimo para que los jueces hagan cumplir las sentencias. Lo han usado en casos como en el juicio por el saneamiento del Riachuelo. Las causas penales por desobediencia de sentencias no prosperan nunca y no existen otras medidas disuasorias que las que aquí se están eliminando.

Otro de los problemas es que la responsabilidad de los funcionarios públicos en esta ley aparece regulada toscamente. No se contemplan diferentes niveles. Equipara a todos los funcionarios públicos, a los de menor rango con los políticos.

Además hay un retroceso en el planteo de la Ley, ya que elimina la responsabilidad concurrente. Hasta el momento, la jurisprudencia señalaba que cuando hubiera responsabilidad del Estado y de un particular, cada uno debe reparar en la medida de su responsabilidad.  Aquí se está planteando que en caso de que la víctima concurra a la producción del daño, el Estado queda sin obligación de reparar. Es gravísimo, dado que las víctimas del incumplimiento del Estado podrían quedar sin ningún tipo de reparación.

Además de corregir estas deficiencias en la redacción de la ley, nosotros decimos que es necesario incluirse la previsión para que en algunos casos el Estado pueda repetir de los funcionarios en casos de culpa grave, el monto del prejuicio ocasionado por el Estado. Esa medida generaría Incentivos para que los funcionarios cumplan con forma idónea con su función.

También creemos que hay que incluir la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de los funcionarios en caso de que incurran en actos de corrupción.

Lamentablemente la corrupción no está en la agenda del Poder Ejecutivo, y eso se refleja en los proyectos que envía, aunque haya convenciones internacionales que obligan a la Argentina a contemplar este tema.

Estas omisiones demuestran que el objetivo de la Ley es garantizar la impunidad de ciertos funcionarios. Una ley que debería aspirar a fines más nobles se utiliza para eludir la responsabilidad del Estado y para garantizar el chiquitaje del interés de los funcionarios del partido gobernante.

 

 

Taquigráfica Garrido Responsabilidad del Estado by ManuGarrido

(IR)Responsabilidad del Estado

Foto: haciendovia.blogspot.com

Mientras renunciaba Moreno, y durante todo el día de hoy, los diputados estuvimos reunidos  discutiendo el proyecto de ley de Responsabilidad del Estado, que fue presentado por el Poder Ejecutivo hace menos de una semana. Tal como está redactado, va a establecer una barrera para que los perjudicados por la acción del Estado puedan reclamar reparaciones.

El gobierno pretende que tratemos en 15 minutos una ley que lleva demorada 150 años y nos quieren acostumbrar a que las leyes más trascendentes se traten sin debate, sin el análisis necesario y sin consultar a nadie.
Nos queda clara la intención de esta ley: quiere recortar derechos a los ciudadanos en su relación con el Estado, porque limita derechos reconocidos ampliamente por la jurisprudencia de nuestro país. Si esta ley llega a aprobarse, habrá una regresión en los estándares de responsabilidad del Estado.
Entre otras cosas, el proyecto elimina las “astreintes”  que se les pueden imponer a los funcionarios por el incumplimiento de las resoluciones judiciales, que sirven para obligar a los funcionarios a acatar las resoluciones y fallos judiciales. Si el Estado no acata la sentencia, se estaría dejando sin herramientas al juez para garantizar su cumplimiento.
El Proyecto descarta, además, la responsabilidad del Estado por daños provocados por concesionarios, aunque haya deficiencias en el control que el Estado debe ejercer.
Creemos que hace falta una ley de Responsabilidad del Estado, pero bien hecha. Para empezar, deberían incorporarse las obligaciones asumidas con la firma de tratados internacionales de derechos humanos. Argentina suscribió  la Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción, que obliga a los Estados Parte a legislar para que se incorpore la indemnización por actos de corrupción de funcionarios públicos. Por lo tanto, queremos que esto se incorpore a la ley de Responsabilidad del Estado.
Por último, también cuestionamos que no se reconozca la indemnización por errores en los procesos judiciales, los plazos de prescripción exiguos y, fundamentalmente, cualquier retroceso en los estándares de protección de derechos vigentes.
Aquí comparto nuestro dictamen en disidencia.

Responsabilidad del Estado Dictamen de minoría by ManuGarrido

Ley de grooming. O de como la demagogia mata derecho

Hoy el Senado Argentino aprobó una espantosa ley de Grooming sin tener en cuenta las modificaciones que desde la Cámara de Diputados, junto con distintas organizaciones de la sociedad civil, realizamos al proyecto. Una lástima tanto trabajo tirado a la basura.

Les dejo mis observaciones al proyecto aquí y mi inserción en la sesión aquí.

Boudou mentiroso amateur

 

Foto: http://www.bppcolor.info/

La semana pasada, junto con Graciela Ocaña, hicimos una presentación contra Amado Boudou por presunto falseamiento de información en su Declaración Jurada de Bienes.

Lo que hicimos fue comparar los datos que constarían en el Expediente Judicial (que llegó de forma anónima a nuestros despachos) y los que figuran en la Oficina Anticorrupción entre los años 2007 y 2011 y notamos que existen contradicciones entre los montos declarados en ambas instancias, así como falta de justificación de su crecimiento patrimonial e irregularidades tales como la inclusión de viáticos oficiales como parte del patrimonio personal del funcionario.

Entre las principales irregularidades surgen:

  • La diferencia de los activos declarados entre los años 2007 y 2011 (ambos inclusive)  ascienden a la suma de $ 2.071.773,08.
  • La diferencia de los pasivos declarados entre los años 2007 y 2011 ascienden a la suma de $ 755.741,83.
  • La diferencia entre los patrimonios declarados entre los años 2007 y 2011 ascienden a un total de $ 1.316.031,25.

Entendemos que, a nivel global y de acuerdo a la presentación realizada ante el juzgado, entre el 01/01/2006 y el 31/12/2011, los activos (bienes declarados) del investigado sufrieron un aumento del 714,93%, pasando de escasos 236 mil pesos a más de 1 millón seiscientos ochenta mil. Mientras que por efecto de las deudas declaradas, que financiaron en parte (junto con los ingresos exteriorizados) semejante incremento del Activo, su patrimonio –en el mismo período- creció un 446,45%.

Otra cuestión que señalamos es la grosera inclusión de viáticos oficiales en pesos y en dólares como parte del patrimonio personal del Vicepresidente para intentar justificar su evolución patrimonial particular. En su escrito judicial declara $ 180.900,71 por este concepto, mientras que nunca lo declaró ante la OA.

También declara en el escrito judicial que en los años 2010 y 2011 mantiene una deuda con Núñez Carmona de $ 214.110,00; mientras que en las declaraciones juradas presentadas ante la OA no fue declarada. Tampoco informó a la OA, en el año 2010, el ingreso de fondos por este importe.

Otra inconsistencia (más) es que durante los años 2007 a 2010, según el escrito judicial presentado, indica que –formando parte de su Activo- se encuentra un “Aporte en especie (intangible)” efectuado en Inversiones Inmobiliarias Aspen SA valuado en un total de $ 420.650,00. Este concepto e importe y su real participación (monetaria) en el capital de la sociedad tampoco fue declarado ante la OA.

En fin, como verán, a la hora de mentir Boudou es tan hábil como cuando se pone a cantar. Si quieren conocer todas las inconsistencias e irregularidades, aquí les dejo la denuncia.

Denuncia Boudou Por Diferencia en Las Declaraciones by ManuGarrido

Que la devuelvan

Fuente:larazon.com.ar

Esta semana presenté un proyecto de ley para recuperar los bienes que hayan sido adquiridos mediante la realización de actividades ilícitas en perjuicio del Estado o en caso de enriquecimiento injustificado por parte de funcionarios públicos en aquellos casos en los que en los que sin haberse practicado el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal de la Nación la persona sometida a proceso penal haya fallecido; haya sido declarada rebelde; haya sido declarada inimputable; o haya prescripto la acción penal.

La corrupción causa un daño gravísimo a toda la sociedad y como consecuencia de ella, millones de pesos son sustraídos de las arcas del estado. Además, cuando Argentina suscribió a la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) se comprometió ante la comunidad internacional a adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de bienes sin que medie una condena en sede penal y este proyecto viene cumplir con dicho compromiso.

La adopción de normas de esta naturaleza, que ya existen en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Colombia o Perú, es una gran oportunidad para que Argentina recupere bienes o activos que ha perdido a causa de la corrupción; Medidas de este tipo tienen una doble implicancia: económica y simbólica. Se recuperan bienes sustraídos de las arcas públicas y se envía un mensaje claro a la sociedad de que bajo ningún supuesto los actos de corrupción quedarán impunes.

Trata: Penas a dueños de prostíbulos e inhabilitación a funcionarios

 

Fuente: www.marialuisastorani.com

Comparto la gacetilla sobre el proyecto que presenté hoy para modificar la ley de trata de personas.

Las modificaciones propuestas ya habían sido señaladas en ocasión del debate en Diputados en diciembre pasado al tratar el proyecto que venía con media sanción del Senado.

Buenos Aires, 10 de junio.- El diputado nacional Manuel Garrido (UCR –Ciudad de Buenos Aires) , presentó un proyecto de ley para modificar la ley aprobada en extraordinarias en diciembre pasado, en el que propone cambios  para combatir a fondo la trata de personas en la Argentina.

Los puntos principales sobre los que Garrido propone una modificación son los siguientes:

  • Se añade una pena para los dueños de los prostíbulos, que no estaba incluida en la ley que se aprobó.
  • Para configurar el delito de explotación sexual es suficiente que se trate de un solo caso, no tiene que ser condición la habitualidad.
  • Agrega al agravante por la connivencia o participación de funcionarios públicos, la inhabilitación absoluta de aquellos agentes estatales que se vean involucrados en el entramado de las redes de trata
  • Amplía el criterio de explotación sexual a cualquier situación que vulnere la libertad e integridad sexual de una persona, perciba o no el explotador un beneficio económico por ello.

Cuando tuvo lugar el  debate de la sesión de diciembre pasado, Garrido había señalado que si bien la ley avanzó en cuanto a dos cuestiones clave: la eliminación de los medios comisivos requeridos para el tipo de trata de mayores de edad, y  al garantizar los derechos de las víctimas independientemente de su condición de querellantes o testigos, “la parte penal falla en cuanto al castigo efectivo que reciben los dueños o regentes de los prostíbulos, y también con la exigencia de habitualidad para que se configure el delito.”

Al respecto, Garrido señaló que “Nosotros señalamos en el debate en Comisión y también en el recinto, en consonancia con lo manifestado en su presentación por el Fiscal General Marcelo Colombo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), que los dueños de los prostìbulos están comprendidos en la Ley de Profilaxis Antivenérea 12.331. Esta ley está vigente y establece una multa mínima para quienes regentean, administran o sostienen prostíbulos. Entendemos, así como lo hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil, que esa ley dista mucho de la sanción adecuada y disuasoria que debería destinarse a aquél que gestione el lugar por excelencia en el que se da la explotación sexual de las mujeres. Por otro lado, una pena de esa naturaleza genera una brecha propicia para innumerables conflictos de competencia, dada su naturaleza correccional, trabando indeseablemente el desarrollo de estos procesos.”

Por este motivo, en el proyecto de ley presentado, se propone añadir al Código Penal de la Nación el artículo 127 bis, que establece una pena de 3 a 6 años de prisión para quien “financie, administre o regentee, ostensible o encubiertamente, establecimientos donde se explote el ejercicio de la prostitución ajena”. De esta manera se incluye una figura que contribuye a la estrategia de persecución de la explotación de la prostitución ajena, incorporando un tipo penal que aborda directamente los canales de comercialización, y ataca directamente la intermediación ejercida por el explotador.

En relación a la figura de agravantes para los funcionarios públicos, el Diputado Garrido señala en los fundamentos que :” la connivencia y participación de funcionarios públicos en los delitos de trata y explotación sexual es un dato objetivo de la realidad, que puede ser observado particularmente en los entramados de corrupción locales. La actual redacción de los delitos de trata de personas y de explotación sexual tienen como agravantes del tipo la circunstancia de que “El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria”, lo que atiende en gran medida a la situación a la que se ven sometidas las víctimas cuando los poderes locales (policía, justicia, o gobiernos) actúan encubriendo o colaborando en la comisión de los delitos, con la consecuente dificultad de denunciar los hechos de que se trate. De esta manera, el agravante de la ley actual tiene como objeto impedir que el poder del Estado sea utilizado para encubrir los delitos, y es por ello que consideramos que debe ser acompañado de la accesoria de inhabilitación absoluta para el agente.”

Para introducir estas modificaciones, el proyecto tiene por objeto la modificación de los artículos 23, 127, 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal de la Nación, la incorporación al citado cuerpo normativo del artículo 127 bis, y la modificación del artículo 250 quater del Código Procesal Penal.

Una ganga: 24 millones de dólares de sobreprecios en contrataciones de ENARSA

Comparto con ustedes la denuncia que realizamos contra Exequiel Espinosa por irregularidades en la contratación de los fletes y en los seguros para traer gasoil en barco. Espinosa fue el presidente de Enarsa (Energía Argentina S.A.) a cargo del Programa Energía Total en el marco del cual realizó varias compras de gasoil. Una auditoria de la AGN detectó que la empresa abonó sobreprecios por unos 24 millones de dólares para estas contrataciones.

También comparto un pequeño resumen de lo detectado por la auditoria.

  Informe ENARSA.pdf by ManuGarrido


 

 

 

Denuncia Enarsa Espinosa Sobreprecios Gas by ManuGarrido