Foto: Periódico Tribuna.com
Les dejo la versión taquigráfica de mi intervención en la reunión de Comisión del 16 de abril pasado, donde se discutió el vergonzoso proyecto de declaraciones juradas.
Foto: Infonews
Comparto con ustedes la versión taquigráfica de mi intervención en la sesión del miércoles 17 de abril sobre la reforma judicial, con particular acento en la cuestión de la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos:
Versión taquigráfica de la intervención de Manuel Garrido en la discusión de reforma de la justicia en la C… by ManuGarrido
Comparto con ustedes el dictamen del Fiscal Stornelli que confirma las graves irregularidades de los Planes Argentina Trabaja Quilmes, y que denunciamos junto a los concejales de Quilmes Fernando Perez, Diego Buffone, Oscar García y Mario Sahagun.
Dictamen Stornelli Planes de Trabajo Quilmes by Manuel Garrido
En el año 2011, el Ministerio de Defensa adquirió dos helicópteros rusos Mi17 con el objetivo de realizar el abastecimiento de las bases antárticas. Sin embargo, apenas un año después, el mismo ministerio contrató por licitación pública internacional y a través de la Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa, un buque y un helicoptero para realizar la misma tarea. La empresa adjudicataria, Transports & Services S.A. fue denunciada por su competidora, TRADE BAIRES INTERNACIONAL S.A., por diversas irregularidades que habría tenido la licitación, a la que calificaron de “licitación a medida”.
Entre otras cuestiones denunciaron que:
- El buque contratado (TIMCA) nunca habia embarcado helicópteros (en el caso antártico es necesario).
- El TIMCA nunca habría sido inspeccionado antes de la adjudicación y sin embargo tuvo dictamen favorable.
- Los pilotos propuestos no tenían experiencia en manejo de helicópteros KAMOV (como el que se contrató).
- A la empresa ganadora se le exigieron requisitos básicos como un certificado de navegabilidad y habilitación para operar helicópteros, recién después de habersele adjudicado la licitación.
Por otro lado, otra licitación pública (ganada por la misma empresa), para el abastecimiento de otra base, también fue denunciada por irregular, por la empresa PHOENIX AVIATION, que acusó a Transport & Service de promover con el aval de “ciertos funcionarios ” el “incumplimiento de condiciones de contrato”.
Todo esto en el marco de una denuncia de desabastecimiento de dos bases antárticas, con problemas técnicos en el helicóptero y en el buque contratado, y con los dos helicópteros comprados por la Argentina sin utilizarse.
Nosotros presentamos hace ya un mes el siguiente pedido de informes, aún sin respuesta.
Pedido de Informe. Licitacion Publica Internacional 77 by ManuGarrido
Comparto el dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda para la modificación del Código Nacional Electoral (ley 19945) y las leyes 26.215 y 26.571 sobre el “sistema de boleta única”, del cual soy uno de los firmantes.
Hoy presentamos una ampliación a la peritación en la causa contra Amado Boudou por enriquecimiento ilícito.
Foto: http://media.elnuevoherald.com/smedia/2013/02/12/20/57/122F2o.Em.84.jpeg
Comparto con ustedes mi nota de opinión sobre el acuerdo entre Irán y Argentina sobre la causa AMIA, publicado hoy en Clarín.
26/02/13
El memorándum que tiene media sanción del Senado no asegura que se pueda realizar una declaración indagatoria con las formalidades imprescindibles para el progreso de la causa que se sigue por el ataque a la AMIA.
Tampoco es cierto que luego de aplicarse el tratado la situación actual no experimentaría retroceso alguno.
El acuerdo prevé que las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encuentren en Teherán para interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol emitió una notificación roja.
En condiciones normales, la declaración indagatoria se basa en la cooperación del imputado o, en su defecto, en el ejercicio de la fuerza por parte del juez, que puede hacerlo comparecer y mantenerlo mientras se cumplen los pasos formales del acto. Aunque se niegue a declarar, eso no exime al juez de la obligación de hacerle saber al imputado cuáles son los hechos de los que se le acusa y cuáles son las pruebas en su contra. Además, el imputado debe designar un abogado defensor o, en su defecto, el Juez debe designarle un defensor oficial.
El memorándum sólo habla de interrogatorio, por lo que es posible que no pueda superarse la oposición de los imputados a que se cumplan todos estos pasos formales, lo que podrían concretar simplemente retirándose del lugar sin que las autoridades judiciales argentinas puedan evitarlo, ya que todo lo que hagan será con la venia o a través del juez iraní, que es forzosamente quien tomará las decisiones.
Pese al voluntarismo manifestado por el canciller y los legisladores del oficialismo, la simple formulación de preguntas no servirá para que un proceso como el vigente en nuestro país avance siquiera un paso.
El Gobierno argentino tampoco ha puesto límites a un probable y riesgoso retroceso. Fundamentalmente porque la Comisión de la Verdad que se creará deberá llevar adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados sin que el memorándum establezca cuál es el estándar con el que evaluará las pruebas.
En nuestro sistema existen diversos criterios según cuál sea la etapa del proceso penal para la evaluación de la prueba: desde la posibilidad al comienzo del proceso hasta la certeza en el momento de la condena.
El silencio sobre este punto abre la puerta para un examen de la evidencia más exigente que el que impone la ley argentina para el estado actual del proceso. Esto se agrava por las dificultades que nuestro país deberá afrontar para reimplantar las notificaciones rojas si Interpol suspende las actualmente vigentes como ha hecho ya antes.
Estas medidas son el único elemento de presión con que cuenta nuestro país para el enjuiciamiento pendiente y son la razón de la vocación negociadora iraní. Los riesgos que se asumen exceden avances que sólo se imaginan o desean sin haber tomado los recaudos básicos para que se concreten.
Estamos concluyendo el año y aprovecho la oportunidad para hacer un balance de la labor legislativa y acercarla a la ciudadanía a través de este Informe Anual 2012.
En este año el Congreso tuvo una labor intensa pero solo orientada a la aprobación de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. En esa dinámica, muchos proyectos valiosos que no figuraron en la agenda de la Presidenta no fueron considerados.
La labor de la oposición, al ser casi imposible introducir modificaciones a los proyectos oficialistas, tuvo que limitarse a hacer oír su voz en disidencia o a acompañar aquellos proyectos que nos parecieron beneficiosos para el país, como la recuperación de YPF, más allá de discrepar con el modo en que se concretó y cuestionar una política energética cada vez más ruinosa.
Uno de los episodios más importantes de este período en el que participamos activamente fue el fracaso de la postulación del candidato a Procurador General de la Nación, Daniel Reposo, a quien desenmascaramos mediante el sencillo procedimiento de verificar los falsos antecedentes que había colocado para engordar su paupérrimo currículum.
Como se verá en el informe que sigue, también desarrollamos una intensa labor en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas e incluso planteamos una cuestión de privilegio contra el diputado Fabián Ríos cuando desconoció arbitrariamente la legitimidad del titular de la Auditoría General de la Nación, único órgano de control aún en pie.
Sobre la frágil y deficitaria situación de los organismos de control en la Argentina también expusimos ante la misión de expertos enviados para el seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), durante su visita a Buenos Aires. El contenido de mi exposición también se adjunta a este Informe.
Si bien la posibilidad de requerir informes al Poder Ejecutivo y la dimensión de control del Congreso está prácticamente bloqueada por la mayoría oficialista, hicimos uso de la facultad de interrogar al Jefe de Gabinete de Ministros en la única oportunidad en que compareció ante la Cámara. Sus respuestas también se adjuntan a este Informe.
También formulamos varios pedidos de acceso a la información directamente al Poder Ejecutivo, con escasa suerte, aspecto que muestra la insuficiencia del decreto 1172 para satisfacer el derecho humano a acceder a la información de carácter público y la falta de voluntad del Gobierno en ese sentido.
El Congreso aprobó iniciativas propias como: la derogación del avenimiento que permitía eximir de pena a los abusadores sexuales mediante un acuerdo posterior con la víctima; el reconocimiento a la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala; el reconocimiento al Juez Horacio Cattani por su labor en la identificación de restos humanos de víctimas de la dictadura militar; la declaración de interés del film “Tiempo Muerto” y del libro “1956. Donde habita el olvido” de Emilio Gutiérrez, ambos sobre la suspensión vitalicia de jugadores de la selección nacional de basquetbol de 1950 como represalia política.
Espero que proyectos valiosos que he presentado, como la Ley de Acceso a la Información o el establecimiento del juicio por jurados, conciten una mayor atención durante el año 2013.
Les transmito mis mejores deseos para el año que se inicia.
